Escribe: Alejandra Ballón-Gutiérrez. Foto: Raúl García
El tema del aborto ha por fin entrado en la esfera pública del país. Ya era hora. La despenalización del aborto en casos de violación ya no sólo es tema de los medios de comunicación, cada vez más, la sociedad civil se manifiesta de cuerpo y alma en las calles y a través de una creciente participación en las redes sociales. Lamentablemente, no hemos tenido, pese a los esfuerzos loables de la congresista Verónika Mendoza, una representación en la Comisión de Justicia del Congreso de la República de esta mayoría que está a favor del aborto en casos de violación según la última encuesta elaborada por Ipsos-Perú. Como saben, no se ha producido un real debate para tan importante tema, este se ha archivado en la comisión de justicia del congreso y como si esto fuera poco hay persecución contra las personas que han expresado públicamente su postura favorable al proyecto de Ley. Pero, no todo está perdido, en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso se está dando la batalla y muchas organizaciones ya se han pronunciado a favor de la despenalización. También Mendoza ha presentado un recurso de reconsideración ante el archivamiento. En vista del panorama, el tema podría llegar al Pleno a través de la Comisión de Constitución en donde también se discute la Reforma del Código Penal que sigue criminalizando a las mujeres.
Sin embargo, esta columna no tratará de dilucidar las razones de esta falta de representación que nos está por un lado, costando la vida de muchas mujeres y por otro, truncando la calidad de vida de tantas personas directa e indirectamente afectadas. Ni tampoco tratará sobre el descaro del Ministerio público que ampara delitos inexistentes presentados por un fiscal provincial. Más bien, la intención es de aclarar el panorama nacional y los prejuicios sobre el aborto, evidentemente inducidos en el Congreso y la ciudadanía por los fundamentalismos religiosos del país en un supuesto Estado laico. Desde la impotencia de no poder hacer más, dedico estas líneas a los millones de mujeres clandestinas y a los millones de personas feministas de sexualidad diversa.
En el Perú, la batalla de los derechos sexuales y reproductivos en cuanto a aborto se refiere, se divide en dos frentes incompatibles: Los pro-vida (pro-life) y los pro-derecho a decidir (pro-choice). Los primeros ligados a los fundamentalismos religiosos acatan que los derechos del feto son absolutos, es decir, que estos están por encima de los derechos de las mujeres aunque esto traiga como consecuencia directa el embarazo forzoso y la perpetuación del aborto clandestino. Proponen que la educación sexual sea responsabilidad de los padres y no del Estado y pretender castigar con trabajo comunitario y pena de cárcel a las mujeres que abortan aún cuando este embarazo sea en casos de violación. Desean obligar a las mujeres a llevar en su vientre un embarazo forzado y no deseado con la justificación de que este pueda ser dado luego en adopción. En suma, la postura pro-vida es una postura antidemocrática ligada a los poderes fácticos de las iglesias.
Por otra parte, los pro-derecho a decidir se solidarizan con una teoría y práctica feministas y consideran que tanto la planificación familiar así como la paternidad y la maternidad responsables se basen en el derecho civil de decidir cuantos hijos tener y cuando tenerlos. La postura pro-derecho a decidir propone que la educación sexual y los programas de planificación familiar sean también responsabilidad del Estado y están a favor de designar recursos económicos públicos para este urgente fin. Anteponen la salud de las mujeres antes que la del embrión tal y como lo recomiendan la CEDAW y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Abogan por la despenalización del aborto, ya que esto traería como consecuencia la drástica reducción del aborto clandestino y a su vez se evitarían las muertes maternas. En suma, los pro-derecho a decidir mantienen una postura democrática que dialoga con el Estado de Derecho, laico.
Políticamente, el aborto es una cuestión que separa la democracia liberal y el autoritarismo conservador en el mundo. En nuestro país, las fuerzas políticas detrás de la ideología pro-vida encuentran asidero político en el fujimorismo. Sus fervientes representantes son Martha Chávez, Cecilia Chacón, Juan Días Dios, Julio Rosas y Octavio Salazar. La doble moral como una de las formas de la autocracia Fujimorista se trasluce con claridad al recordar que ellos son los responsables de las políticas de planificación familiar que dieron como resultado las miles de esterilizaciones forzadas en todo el país y que las iglesias católicas (Opus dei, Sodalicio) y evangélicas fueron cómplices al no tomar cartas contundentes en el asunto para impedir o reparar tremenda violación a la vida y a los derechos humanos. Si están a favor de la vida (del embrión) ¿cómo así el fujimorismo fomentó las esterilizaciones forzadas? Queda claro pues, que lo que aquí está en juego es el control estatal del cuerpo de la mujer peruana. Si bien el Fujimorismo y las iglesias (Cipriani, Figari, Rosas) tienen un historial en contra de los derechos sexuales y los derechos reproductivos no son los únicos, el Partido Popular Cristiano y la Alianza para el Progreso a través del presidente de la comisión de justicia Euguren, de Castro (presidente del partido) y de Bedoya, miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento cierra este político ménage à trois. Aquí, no hay debate ni argumentos científicos, lo que hay son descaradas falacias: “Las violaciones, y esto es lo terrible, que pueden ser un evento callejero, no generan embarazo. Es casi imposible que se produzca un embarazo después de una violación eventual, callejera, porque se produce un estado de estrés, un estado de shock en la persona donde obviamente en la mujer no hay ningún tipo de lubricación, etc”. No basta para estos políticos que las mujeres sean forzadas a tener relaciones sexuales, o que sean víctimas de esterilizaciones forzadas, ahora quieren imponernos un embarazo forzado.
Sin embargo, en medio de este brutal panorama también encontramos las fuerzas y los argumentos del pensamiento pro-derecho a decidir encarnados por las parlamenarias de Acción Popular - Frente Amplio, Verónika Mendoza miembro de la Comisión de Justicia y única congresista que votara a favor de la despenalización del aborto en dicha comisión, y Rosa Mavila, vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento en donde presentó argumentos tan contundentes como el siguiente: “Si no se legisla sobre el cuerpo de los hombres, ¿por qué legislar sobre el cuerpo de las mujeres? [..] ¿Por qué la Iglesia tiene tanto interés en esta criminalización? Porque pretende desde el sistema penal mantener sobre las conciencias un poder que esté perdiendo en un ámbito moral". Así mismo el congresista Daniel Abugattás del Partido Nacionalista Peruano y Juan Pari por Dignidad y Democracia brindaron luces a la comisión. Josúe Gutiérrez presidente de dicha comisión sostuvo que la iniciativa cuenta con el respaldo orgánico de la bancada Nacionalista y explicó que si antes los legisladores de su bancada votaron en contra del proyecto cuando se discutió en la Comisión de Justicia, se debió a que en ese entonces no había una posición institucional y cada uno votaba según sus convicciones. Finalmente, la votación se postergó. Por otra parte, no todos los devotos son fundamentalistas intransigentes en contra de los derechos sexuales y reproductivos, en nuestro país tanto la Teología de la liberación como las mujeres Católicas por el Derecho a Decidir están a favor del pensamiento y las prácticas pro-derecho a decidir, es decir, a favor de la despenalización del aborto en casos de violación.
En el Perú contemporáneo los pro-vida realizan anualmente la Marcha por la vida a la que asisten miles de niños y adolescentes quienes son obligados a participar mediante la convocatoria de los colegios religiosos a los que pertenecen. Bajo esas circunstancias, se jactan de tener la marcha pro-vida más grande de Latinoamérica. A diferencia, el movimiento feminista pro-derecho a decidir se manifiesta a través de la campaña Déjala Decidir y se ha visibilizado en la esfera y espacio público a través de las diversas intervenciones públicas de la sociedad civil que tanto el Colectivo Déjala Decidir (2015) como Alfombra Roja Perú (2013-2015) y Comando Feminista (2015) han realizado. Cabe recalcar que en estas manifestaciones han participado miles de mujeres y hombres de manera voluntaria y no sólo en Lima sino a nivel nacional.
En medio de este panorama demos una mirada breve a las contundentes cifras. Como sabemos, el Perú lidera las tasas más alta de violaciones en Sudamérica, esto quiere decir que más de 3,000 niños, niñas y adolescentes del Perú, especialmente de 12 a 17 años, sufrieron violación sexual entre enero del 2014 y abril del 2015. Los menores de edad constituyen el 70 por ciento de casos de violación sexual que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron de manera general en ese periodo, que fueron en total 4,225 (incluyendo a jóvenes, adultos y adultos mayores). Esta situación de permanente violencia se da a nivel nacional siendo más frecuentes en Lima, La Libertad, Junín, Arequipa y Cusco. Durante el 2014 y hasta abril del 2015, los CEM del país reportaron 7,725 casos de violencia sexual (niños, adultos y adultos mayores) de los cuales unos 5,727 ocurrieron el año pasado; mientras que 1,998, en los primeros cuatro meses en lo que va del año. Día a día las cifras crecen. Además, estas cifras sólo toman en cuenta las denuncias, sabemos que la violencia es incluso mucho mayor.
Como si esto fuera poca razón para despenalizar el aborto en casos de violación, veamos ahora las cifras sobre aborto. Anualmente, 370,000 mujeres se someten a abortos clandestinos, esto significa que hay 5 mujeres que abortan por cada 100 gestantes. Los abortos inseguros y las complicaciones derivadas de ellos son la tercera causa de mortalidad materna y la primera causa de enfermedades (morbilidad) de hospitalización de las mujeres. La mayoría de mujeres que interrumpe su embarazo acude a personas no calificadas (44%),y estos porcentajes se agravan en las zonas rurales donde la gran mayoría (65%) recurre a personal no calificado. El 57% de nacimientos ocurridos entre el 2000-2005 se dio sin haber sido deseados, es decir, un estimado de 1.8 millones. De 3.8 millones mujeres sexualmente activas, cerca del 30%, 1.4 millones, están expuestas al riesgo de embarazos no deseados por falta de acceso a métodos anticonceptivos. Al 2009, el 13.7 de las adolescentes en el país se encontraba gestando o ya era madre por primera vez.
La adopción de los niños no deseados que los pro-vida proponen como gran solución a tremendo vejamen es inviable, entre otras, por las siguientes razones: la adopción no eliminaría una segunda violación a los derechos como lo sería el embarazo forzoso. Tampoco evitaría la transformación de las condiciones físicas y mentales, lo que acarrearía drásticos cambios laborales y por ende económicos para las miles de mujeres gestantes. Por último, según el MIMP en el 2014 se dieron 194 adopciones frente a las 370,000 mujeres que interrumpen su embarazo de manera clandestina cada año. Las cifras hablan por si solas.
La postura pro-derecho a decidir no es exclusiva, incluye la postura pro-vida ya que, la despenalización del aborto no obliga a abortar a quien no quiera hacerlo, si usted está en contra del aborto por sus creencias los pro-derecho respetan su decisión. La idea fundamental de los pro-derechos es que al despenalizar el aborto, este se regula y al regularlo se incrementa la prevención, es decir que, en tanto la educación sexual se vuelve una prioridad para el Estado se reducirán los abortos clandestinos y por ende la muerte materna. Según la OMS la razón de muerte materna fue tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto, es por ello que, al contrario de lo que se cree, despenalizar el aborto reduce drásticamente la tasa de interrupción de embarazos como sucedió en los países vecinos como en el Uruguay y en muchos países americanos como México, Cuba, Canadá, Puerto Rico, casi en toda Europa y sobretodo en el hemisferio norte. Además, en Chile, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Barbados, Colombia, entre otros países de América, el aborto es legal en casos de violación. Por el contrario, la maternidad forzada empuja al aborto inseguro y clandestino, lo que causa el 29% de muerte materna; y el suicidio como resultado directo de los niveles de angustia y depresión de muchas mujeres.
Cuando una mujer del nivel socioeconómico A-B se somete a un aborto lo hace sin riesgo en una clínica privada, mientras que las mujeres del sector D-E deben recurrir a la clandestinidad a través de comadronas, curanderos, usando pastillas para la ulcera" y/o llamando a las líneas de teléfono que se muestran por los postes de la ciudad bajo el lema: atraso (atrazo) menstrual. Esta es una situación de injusticia socio-económica que afecta a miles de mujeres. Si bien las más afectadas son las niñas y adolescentes en condiciones de pobreza hay que recordar que muchos de los abortos clandestinos son también practicados por madres. Sí, por mujeres quienes viven la experiencia de la maternidad en toda su realidad cotidiana y que deciden no tener más hijos justamente porque comprenden a cabalidad la importancia de una maternidad y/o paternidad responsables.
El aborto es uno de los temas sociales más importantes ya que afecta la vida misma de los seres humanos al margen de su género y de su identidad sexual. No es un tema sólo de mujeres. Las mujeres no se embarazan del espíritu santo o ¿si? Como sabemos la tasa de hombres que abandonan el hogar en el Perú es bastante alta, así como la ausencia del reconocimiento de los hijos por la vía paterna. La difícil decisión que lleva a una mujer a practicarse un aborto, no es una decisión banal ni simple, justamente porque pone en riesgo su propia vida y su propia fertilidad. En la mayoría de casos esta es una decisión responsable que se toma conscientemente al pensar en las consecuencias mentales, morales, físicas, económicas, laborales, que dicho embarazo acarrea en la vida de las personas directa e indirectamente afectadas con un embarazo forzoso como lo es en el caso de violación. Las mujeres no abortan por gusto o por placer, la decisión esta íntimamente ligada a la experiencia sexual y psicológica que se tuvo o se mantiene con el hombre y por ello –aunque en la práctica no lo es, ya que se legisla sobre el cuerpo de la mujer y no del hombre–, esta debería ser una responsabilidad compartida.
El aborto nos mira a los ojos, con una verdad: cada día, cada noche, las mujeres estamos en peligro de muerte, y esta es una realidad que debe salir de la clandestinidad. La despenalización del aborto en casos de violación debe ser aprobada cuanto antes si queremos reducir la enorme cantidad de abortos y proteger legalmente y constitucionalmente el derecho a la vida.
